La economía de Qatar ha permitido al país avanzar en los últimos años a un ritmo de crecimiento del 19% anual,  arrastrada principalmente por la exportación de gas líquido petróleo y productos petroquímicos. A pesar de ello, Qatar apuesta por la diversificación de la economía y por la promoción exterior con ambiciosos proyectos, guiados por el plan de «Visión de Qatar 2030», un proyecto que lleva en marcha desde hace años. Entre sus estrategias se encuentra la fuerte inversión en el deporte: Copa del Mundo de Fútbol de 2022, Mundiales de Balonmano de 2015, primer circuito ATP del año, Gran Premio de Motociclismo, vuelta ciclista masculina y femenina, golf, primer sponsor del FC Barcelona, aspirante a un Gran Premio de F1, etc.,  convirtiéndose en el nuevo escaparate del deporte internacional.

Pero no es oro todo lo que reluce. El crecimiento especialmente en sector de la construcción con inversiones millonarias y de dudosa rentabilidad están conllevando la explotación de trabajadores migrantes (llegados mayormente desde Bangladesh, India, Nepal, Filipinas, Pakistán y Sri Lanka) con abusos tales como la retención de pasaportes, retraso o impagos de salarios, la falta de gestión de permisos de residencia tal como dispone la ley qatarí, lo que deja indocumentados a los migrantes y expuestos a ser detenidos y deportados a sus países y sin acceso a atención médica. Las condiciones de trabajo  y alojamiento son duras y peligrosas: muchos son obligados a trabajar durante un excesivo número de horas y sin las protecciones adecuadas sobre salud y riesgos en los lugares de trabajo.

Amnistía Internacional averiguó que algunos de los trabajadores que habían sufrido abusos trabajaban para subcontratas de empresas multinacionales, como Qatar Petroleum, Hyundai E&C y OHL Construction.

Para el año 2022, Qatar será la sede de los mundiales de futbol, cuyos estadios  y hoteles han empezado ya a construirse. En 2013, el periódico británico The Guardian reveló en su investigación «Qatar’s World Cup ‘slaves’», que durante  el 4 de junio y el 8 de agosto de ese mismo año  al menos 44 trabajadores habían muerto, la mayoría jóvenes relacionados con el sector de la construcción. Más de la mitad murieron a causa de un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca o accidente de trabajo.