En 1999 el empresario isleño Juan Francisco Rosa Marrero pidió una licencia para rehabilitar una antigua casa de su propiedad de 171 metros, situada en el Barranco del Obispo, en el Territorio Protegido de La Geria, dentro del municipio de Yaiza, en el sur de la isla. Rosa obtuvo una licencia urbanística que, según la fiscalía, no debía haberse otorgado porque contraria a la Ley de Ordenación del Territorio (LEY 9/1999, de 13 de mayo).

La Bodega Stratvs, cuya construcción costó 20 millones de euro y que supuso la demolición de la antigua vivienda en lugar de su reedificación tal y como se pedía en la licencia de obras, nació para rendir homenaje a la labor de los viticultores locales y pretendía contribuir a la mejora de la calidad de los vinos de Lanzarote, que en el año 1993 obtuvieron la calificación de Denominación de Origen (DO). Stratvs fu la primera bodega de la isla, promotora de la turística Ruta del Vino, cuyo objetivo último es el de promocionar el cultivo y la producción de un producto único en su categoría, dadas las peculiares características del suelo.

Para poder llevar a cabo la obra se tuvieron que eliminar 44000 metros cúbicos de picón, utilizando más de 3000 camiones durante un tiempo de entre 3 y 5 meses, 7 horas al día, y de lunes a viernes, un tiempo excesivo siendo el sitio un espacio protegido.

Los 12000 metros cuadrados en los que se extiende el complejo, clausurado desde diciembre de 2013, incluyen una bodega industrial, una tienda, una biblioteca enfocada al mundo del vino, una sala polivalente donde se ofrecían cursos y catas y dos restaurantes donde degustar los platos típicos de la cocina isleña y canaria en general. La empresa tenía contratadas a casi 50 personas, sin contar con el personal encargado de la promoción y difusión de los vinos en todo el archipiélago.

Los vinos de la Bodega Stratvs poco a poco han desaparecido de las tiendas y de los restaurantes locales, unos vinos que habían recibido ya una gran variedad de premios a nivel local y nacional. Juan Francisco Rosa Marrero y 16 personas más han sido imputados en un caso que pudo ser investigado gracias a la denuncia de la asociación Transparencia Urbanística y de Ecologistas en Acción.

La fiscalía pide la demolición de esta “obra faraónica” – como la describe la jueza del caso – y más de 50 años de prisión para 10 de los 16 imputados, y que se confisquen “todos los efectos, productos e ingresos” que se hayan generado gracias a la construcción y explotación de la vivienda.