El Fórum Universal de las Culturas, arropado por la UNESCO en 1997, es un evento trienal (Barcelona, 2004; Monterrey, 2007; Valparaíso, 2010 y Nápoles, 2013) que nació en Barcelona en aquel año 2004 organizado por tres instituciones (el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Administración General del Estado), con motivo de propiciar una reflexión conjunta sobre cuestiones que afectan al desarrollo de las sociedades bajo la premisa de tres ejes temáticos: la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y las condiciones de la paz.

Sin embargo, más bien pareció ser un macroevento destinado a ser solución y estrategia del incremento de la actividad turística que trajo consigo la organización de los Juegos Olímpicos de 1992.  Se dotaba así a la ciudad de nuevas infraestructuras que se consideraban necesarias (plazas hoteleras, centros comerciales, nuevas zonas de ocio y espacios para celebración de ferias y congresos), en relación con el marco urbanístico del programa 22@Barcelona, al tiempo que servía para atraer a un mayor número de turistas a la ciudad.

Gran parte de la ciudadanía dio la espalda a este evento que, sin tener muy claros los contenidos y sin saber definir con claridad en qué consistía, observaba una intervención urbanística que solamente estaba concebida para una utilización temporal (carecía de un programa que definiera usos posteriores) y que aspiraba a convertirse en un nuevo centro de la ciudad. Por esta razón, para muchas personas fue un auténtico fracaso. A lo largo de los 141 días que duró dicho evento, el recinto del Fórum recibió la visita de 3.323.123 personas, muy por debajo de las estimaciones iniciales, que calculaban cinco millones de visitantes.

Mientras que, por un lado, el espacio del Fórum es visto como un ejemplo de actuación sostenible y ha obtenido el premio al mejor Hiper-Proyecto en la Bienal de arquitectura de Venecia, por otro lado es criticado por su impacto medioambiental sobre la línea de costa, ganándole terreno al mar y considerando que ha contribuido a convertir parte de la costa barcelonesa en un «cementerio de peces» y a la «desarticulación los caladeros» (basándose, según cuenta una noticia de elmundo.es, en un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas).

El impacto económico también es evidente. La recalificación de los suelos, en una maniobra especulativa urbanística orientada a la demanda externa en favor de empresas privadas, manejaba unas las cifras oficiales de 2.190 millones de euros; no obstante, se estima un sobrecoste presupuestario de entre 1.111 y 1.147 millones de euros , que va a tener que ser pagada por la ciudadanía. Una ciudadanía que se ve desposeída de su propia ciudad y que siente que este gran proyecto no está diseñado para ella. Segregación social (expulsión de familias gitanas en el entorno) y ruptura con la continuidad urbanística (edificios aislados sin ningún criterio), se vislumbran en este proyecto a través de un urbanismo discriminatorio y una arquitectura ostentosa destinada a atraer turismo.